Resumen: No cabe desistir del recurso de casación después de que ha sido deliberado, votado y fallado, ya que está resuelto aunque todavía no se haya documentado por escrito la sentencia. Desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal: se plantea un tema de valoración jurídica -y no probatorio- ajeno a su ámbito. Hipoteca multidivisa: no es un instrumento financiero regulado por la LMV (doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y adaptación a ella de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo). El deber de información en los servicios de inversión: la normativa no establece en caso de incumplimiento la nulidad del contrato, sino sanciones administrativas. Derecho a una vivienda digna: no puede examinarse al margen de las nomas ordinarias aplicables. Cláusulas abusivas en contratos con consumidores: relevancia de la información precontractual para el control de transparencia en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo; aplicación en el ámbito de las hipotecas en divisas (especial riesgo de este tipo de préstamo). Plus de información sobre las condiciones generales relativas a elementos esenciales del contrato. En el caso: no hubo la información precontractual necesaria sobre el riesgo principal de este tipo de hipoteca en divisas. Nulidad parcial: la nulidad total supondría un perjuicio añadido al consumidor; sustitución de la cláusula abusiva por un régimen contractual previsto en el contrato.
Resumen: Antes de la incorporación al Derecho interno de la normativa MiFID la legislación ya imponía a las entidades financieras la obligación de informar a los clientes del riesgo asociado a la contratación de productos financieros complejos; esta normativa, para la armonización del marco jurídico único en la Unión Europea de los mercados financieros, acentuó esa obligación pero no supuso una regulación realmente novedosa; normativa pre-MiFID sobre actuación y normas de conducta de las empresas del mercado de valores (imparcialidad, buena fe, diligencia). Doctrina jurisprudencial sobre el incumplimiento de las obligaciones de información y su incidencia en el error vicio: el incumplimiento del deber de informar al cliente sobre el riesgo (posibilidad de elevadas liquidaciones negativas y de un elevado coste de cancelación) permite presumir el error. Alcance del deber de informar al cliente no experto: no basta la mera ilustración sobre lo obvio (posibilidad de resultados positivos y negativos ligada a un contrato de tipo aleatorio); obligación activa y no de mera disponibilidad (no corresponde al cliente -que no es profesional del mercado financiero- averiguar las cuestiones relevantes ni buscar asesoramiento experto). Lo determinante no es tanto que aparezca formalmente cumplido el trámite de la información, sino las condiciones en que materialmente se cumple el mismo. Excusabilidad del error: si el cliente estaba necesitado de la información y no la recibió el error es excusable.
Resumen: Demanda en reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones legales de asesoramiento e información en la comercialización de subordinadas y preferentes. La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda y la Audiencia la confirmó. En lo que interesa al recurso, las sentencias de primera y segunda instancia entendieron que procedía la restitución de la cantidad invertida, sin descuento de los rendimientos obtenidos por el cliente. Interpuesto recurso de casación por la entidad bancaria, la sala estima el mismo en el sentido de considerar que en toda relación obligacional se generan un daño y una ventaja, han de compensarse unos con otros a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento; por ello, del montante indemnizatorio han de descontarse los rendimientos del producto financiero obtenidos por el cliente. La estimación de la casación comporta la asunción de la instancia y, en consecuencia, la estimación parcial de la demanda.
Resumen: La sala estima un recurso de casación frente a una sentencia que acogió una acción principal de resolución de los contratos de adquisición de deuda subordinada y preferentes, por incumplimiento del deber de información precontractual. La sala reitera su doctrina. El incumplimiento de las obligaciones de información podría dar lugar, en su caso, a la anulabilidad del contrato por error en el consentimiento, o a una acción de indemnización por incumplimiento contractual, para solicitar la indemnización de los daños provocados al cliente por la contratación del producto a consecuencia de un incorrecto asesoramiento, pero lo que no procede es una acción de resolución del contrato, ex art. 1124 CC, dado que el incumplimiento resolutorio debe venir referido a la ejecución del contrato, mientras que el defecto de asesoramiento habría afectado a la prestación del consentimiento. Asunción de la instancia y estimación de la acción subsidiaria de indemnización del daño por el negligente cumplimiento por la entidad de sus obligaciones contractuales de diligencia, lealtad e información, ya que no consta que ofreciera información suficiente sobre los productos adquiridos, que entrañaban un elevado riesgo, ni que advirtiera de la verdadera naturaleza del producto y de sus riesgos. Determinación del daño por la diferencia entre lo invertido y lo recuperado tras el canje, más los rendimientos obtenidos a determinar en ejecución de sentencia por su falta de concreción en el procedimiento.
Resumen: Demanda en la que se solicitaba la nulidad de un contrato marco de operaciones financieras y un contrato de swap asociado al mismo por concurrir error en el consentimiento. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y la AP confirmó la desestimación. Recurre en extraordinario por infracción procesal y en casación la demandante y la sala estima ambos recursos. En cuanto al recurso extraordinario por infracción procesal, la sala estima el mismo al entender que ha existido una ilógica valoración de la prueba, pues la Audiencia valoró una prueba testifical que nunca se practicó y presumió que un empleado de la sociedad demandante había participado en la firma del swap, asesorando al administrador, cuando este extremo no se ha acreditado. Al asumir la instancia, la sala estima el recurso de casación; declara la ausencia de información suficiente por parte de la entidad bancaria, que no consta que la sociedad demandante fuera conocedora de productos financieros complejos y que la redacción del contrato era opaca para un lego en la materia. La falta de información sobre los concretos riesgos incide en el error, pues este se produce por la falta de conocimiento del producto y de sus riesgos asociados; del mismo modo, la falta de información adecuada hace que el error sea excusable al cliente. La estimación de la casación determina la estimación de la demanda y la nulidad del swap contratado.
Resumen: La infracción de las normas que establecen los deberes de información de las entidades bancarias no determina la nulidad radical de los contratos que estas celebren, sino sanciones administrativas. Esta doctrina es aplicable también al incumplimiento de obligaciones distintas de la mera obligación de información al cliente. En caso de incumplimiento del deber de evaluar, en atención a su situación financiera y al objetivo de inversión perseguido, qué le era más favorable, lo relevante para juzgar sobre el error vicio no es tanto la evaluación sobre la conveniencia de la operación, en atención a los intereses del cliente minorista, como si al hacerlo tenía un conocimiento suficiente de este producto complejo y de sus riesgos. En el caso, son datos muy relevantes la elevada cuantía de las inversiones y que los contratos se hicieron con apalancamiento. Está probado que los demandantes eran conscientes de que se trataba de contratos de naturaleza aleatoria en los que existía el riesgo de pérdidas importantes. El hecho de que una inversión sea desfavorable no convierte el producto financiero en inadecuado ni presupone el error en el consentimiento, al haber consciencia de qué se estaba contratando y qué riesgos se asumían. No hay incumplimiento del banco que haya generado un daño indemnizable. El principio de intangibilidad de las sentencias afecta a los pronunciamientos que contienen, pero no impide que el auto de complemento añada nuevos razonamientos. Se desestiman los recursos
Resumen: La Sala estima el recurso de casación. Aplica su reiterada doctrina relativa al plazo de ejercicio de la acción, que establece que, a efectos del ejercicio de la acción de nulidad por error, la consumación de los contratos de swaps debe entenderse producida en el momento del agotamiento, de la extinción del contrato. La aplicación de dicha doctrina lleva a la estimación del recurso de casación, pues el vencimiento del contrato se produjo el 14 de enero de 2011 y la demanda se presentó el 13 de enero de 2015, antes de que transcurriera el plazo de cuatro años previsto en el art. 1301 CC. La consecuencia de la estimación del recurso de casación es la revocación de la sentencia de la Audiencia Provincial y la asunción de la instancia. La Sala aplica la doctrina y normativa relativa al error vicio del consentimiento y considera que la prueba practicada permite afirmar que la entidad financiera incumplió sus obligaciones legales de información y ello indujo a error al cliente sobre un extremo esencial: la verdadera naturaleza del producto y sus riesgos en caso de bajada de los tipos de interés. El deber de información no cabe entenderlo suplido por el propio contenido del contrato de swap. Asimismo, considera que el administrador de la sociedad demandante no puede ser considerado como experto en productos como el litigioso, lo que comporta que el error de la demandante sea excusable. Por tanto, desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia de primera instancia.
Resumen: Las obligaciones subordinadas son productos financieros complejos: suelen ofrecer una rentabilidad mayor que otros activos de deuda, pero pierden capacidad de cobro en caso de insolvencia o de liquidación del emisor y el capital no está garantizado ni protegido por el FGD. En el caso, la sentencia recurrida se opone a la doctrina de la Sala 1ª: no considera probado que el banco cumpliera el deber legal de información, pero imputa a la negligencia de la actora no haber conocido la verdadera naturaleza del contrato y considera que el documento que firmó, que habla de obligaciones subordinadas y no de imposición a plazo, era claro. La falta de información adecuada no determina por sí la existencia del error vicio, pero permite presumirlo. La obligación de información es una obligación activa que obliga al banco, no una obligación de mera disponibilidad. Es reiterada la doctrina sobre la insuficiencia informativa del propio contenido del contrato y la excusabilidad del error pese a que no se lea el contrato o se firme un documento predispuesto declarando conocer y aceptar el riesgo. Se estima el recurso de casación y se asume la instancia. Ni las circunstancias personales de la actora ni su alegada experiencia inversora la convierten en experta financiera ni permiten negar la protección propia de los clientes minoristas. No ha quedado probada la información precontractual necesaria, ni la entrega del folleto de la emisión, que aparece sin firmar. El error es esencial y excusable.
Resumen: Demanda en la que se ejercitaban varias acciones relacionadas con la adquisición de bonos islandeses, entre ellas la de nulidad por error en el consentimiento. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, acogiendo la acción de nulidad por vicios en el consentimiento, sentencia que fue confirmada en apelación. Recurre en casación la entidad bancaria y se desestima el recurso. En esencia, la recurrente mantiene que desde el momento de la adquisición de los bonos, estos se depreciaron paulatinamente, por lo que la demandante pudo ser consciente del error desde los primeros tiempos de desenvolvimiento del contrato, máxime cuando es un hecho notorio que Kaupthing fue intervenido por el Gobierno Islandés en 2008 y que en diciembre se suspendió la liquidación de sus cupones. La sala no considera que la actora pudiera ser consciente de las características del producto al tiempo de suscripción del contrato, ya que no ha quedado acreditado que se cumplieran los deberes de información derivados de la normativa MiFID; así mismo, declara que no existe prueba de que la actora pudiera tener conocimiento de las vicisitudes relacionadas con el banco islandés emisor; también considera que estos hechos no pueden considerarse notorios, al no existir prueba de que fueran comunicados por la demandada y al haberse producido en un país como Islandia, ajeno al ámbito del proceso; además, el error debe abarcar las características del producto, no solo alguna de ellas.
Resumen: La Sala estima el recurso por infracción procesal, al apreciar un error fáctico, manifiesto, evidente y notorio en la valoración de la prueba: la sentencia recurrida afirma que que no se llevó a efecto el test de idoneidad, cuando dicho test fue efectivamente realizado, si bien tan solo con respecto a uno de los swap enjuiciados. El recurso de casación se desestima. El motivo del recurso referente a la caducidad de la acción constituye una cuestión nueva que la entidad recurrente no planteó en segunda instancia; además, el día inicial del plazo de caducidad nace a partir del momento del agotamiento o extinción de la relación contractual. Es de aplicación la normativa MiFID, que no estaba en suspenso durante el plazo de seis meses concedido a las entidades para la adaptación interna. En cualquier caso, la normativa pre-MiFID ya recogía la obligación de informar de los riesgos. La entidad financiera recurrente no razona ni justifica la concreta información facilitada; no cabe entender suplido el deber de información por el contenido del propio contrato de swap. La mera lectura de sus estipulaciones contractuales no es suficiente y se requiere una actividad suplementaria del banco, realizada con antelación suficiente y tendente a la explicación de su naturaleza, el modo en que se realizarán las liquidaciones, los riesgos concretos que asume el cliente. El error sobre las características de los productos litigiosos y sus riesgos es sustancial y excusable.
